En los allanamientos, que realiza la policía de la Ciudad, se buscan celulares y aparatos electrónicos. No se pidieron detenciones.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy unos 25 allanamientos que se realizan en CABA y en la provincia de Buenos Aires en la causa originada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizan en domicilios particulares y droguerías, según trascendió de fuentes consultadas que no dieron precisiones ya que se reimplantó el secreto de sumario en la causa.
Las medidas fueron requeridas en el marco de un tramo de la investigación por presunto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo.
No se requirieron detenciones, según afirmaron las fuentes consultadas.
La búsqueda apunta a secuestrar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
El Gobierno se mantiene al tanto del avance de la investigación
Paralelamente, el Gobierno nacional recibió los documentos incautados por la Justicia en los primeros allanamientos y acelera la auditoría interna dentro del organismo. "Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar", señalaron fuentes de la Casa Rosada a los medios.
Los archivos secuestrados incluyen facturas de compras realizadas por la Andis para la adquisición de medicamentos a distintas droguerías. Según reconocieron en el Ejecutivo, estas operaciones no figuran en los portales públicos y se habrían ejecutado sin la trazabilidad administrativa del Ministerio de Salud.
Ante estas irregularidades, el equipo legal del Ministerio realizó gestiones ante la Justicia para que el interventor de la Andis, Alberto Vilches, tenga acceso a copias de la documentación con el fin de avanzar en la investigación interna.
La investigación judicial continúa en curso y, según anticiparon desde el entorno de Casanello, los peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados serán claves para determinar el grado de participación de los funcionarios y empresarios implicados.
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